Tras las redadas migratorias en San Diego y los esfuerzos del presidente Donald Trump por reprimir las protestas en Los Ángeles con fuerza militar, las dos personas que compiten por representar al sur del condado como supervisoras han presentado visiones contradictorias sobre cómo el condado debería gestionar un sistema migratorio controlado en gran medida por el gobierno federal.
Y la participación de las fuerzas del orden locales en la respuesta a las protestas ha vuelto a centrar la atención en las leyes estatales y locales que limitan la cooperación con las autoridades migratorias federales, y en las posturas de los candidatos del Distrito 1 al respecto.
Quien sea elegido para la ahora dividida Junta de Supervisores del Condado de San Diego ayudará a determinar cómo el condado debe utilizar su limitada autoridad para desafiar o cooperar con las autoridades federales, mientras los defensores piden ampliar las protecciones para los inmigrantes.
Al preguntarles sobre sus posturas sobre las recientes medidas federales de control y cómo creen que el condado debería responder, la alcaldesa demócrata de Imperial Beach, Paloma Aguirre, criticó a las autoridades migratorias. El alcalde republicano de Chula Vista, John McCann, se negó a opinar.
El 30 de mayo, agentes fuertemente armados irrumpieron en dos restaurantes Buona Forchetta en el extremo norte del Distrito 1, donde fueron recibidos por manifestantes. Desde entonces, las redadas en el condado de Los Ángeles provocaron más protestas, y Trump ha federalizado y desplegado tropas de la Guardia Nacional estatal para reprimirlas, una medida que las autoridades californianas calificaron de ilegal y demandaron para bloquear.
McCann ha guardado silencio sobre la redada en South Park y no respondió a una pregunta del San Diego Union-Tribune la semana pasada sobre la operación. El lunes, no respondió a preguntas sobre las protestas de Los Ángeles ni sobre el despliegue de la guardia por parte de Trump.
Aguirre se alinea con sus compañeros demócratas y defensores de los inmigrantes en muchos aspectos, incluyendo su deseo de preservar un programa de asistencia legal para inmigrantes detenidos. Sin embargo, se ha distanciado de muchos de ellos en su postura sobre una pieza clave de la política migratoria local: la política de santuario que la Junta de Supervisores adoptó a finales del año pasado.
McCann se ha opuesto durante mucho tiempo a las políticas de santuario, tanto a nivel local como estatal, y ha pedido la eliminación del programa de Defensa Legal de los Derechos de los Inmigrantes, que ha gastado millones en proporcionar abogados a unos 2,500 residentes de San Diego detenidos durante años en un centro federal en Otay Mesa.
Para los grupos de defensa de los inmigrantes, la política del condado representa una protección mínima para garantizar que ningún recurso del condado se destine a la aplicación de la ley migratoria.
“Representó una visión significativa de futuro sobre cómo debemos proteger a todos los residentes”, declaró Pedro Ríos, director del Programa Fronterizo México-Estados Unidos del Comité de Servicio de Amigos Americanos.
“Ciertamente, existe la posibilidad de que algunos de la Junta de Supervisores del Condado estén considerando formas mucho más regresivas de interactuar con la comunidad inmigrante”, añadió. “Esa es una de las preocupaciones que tengo sobre el posible desenlace de las elecciones”.
Críticas a las políticas de santuario
En diciembre, semanas antes de dejar inesperadamente el cargo, la entonces supervisora Nora Vargas presionó para que las fuerzas del orden del condado suspendieran toda cooperación con las autoridades federales, yendo más allá de las restricciones ya establecidas por la ley estatal.
La sheriff Kelly Martinez se resistió, sosteniendo que seguiría cumpliendo con las pocas excepciones permitidas en la ley de santuario de California, incluyendo notificar a las autoridades federales cuando los inmigrantes indocumentados condenados por ciertos delitos graves estén a punto de ser liberados de la cárcel.
Aguirre, una crítica frecuente de Vargas, ha calificado la política de “error” y ha criticado a la junta por no colaborar con el sheriff en la medida.
Pero a pesar de sus dudas, la semana pasada se negó a apoyar la revisión o la revocación de la política.
McCann es franco en su oposición a la política.
“Me opongo a la política de súper santuario del Condado de San Diego, porque devuelve a las calles a criminales violentos que han cometido violaciones de menores, asesinatos brutales y otros crímenes violentos atroces. Creo que estos criminales violentos deberían ser deportados”, declaró al Union-Tribune en un correo electrónico.
No solo se ha opuesto a la política más expansiva del condado.
En 2017, mientras era miembro del Concejo Municipal de Chula Vista, McCann votó en contra de un intento de que la ciudad se uniera a una impugnación legal contra los esfuerzos de Trump por desfinanciar las ciudades santuario.
También votó ese año en contra de una medida local que expresaba su apoyo a la legislación estatal sobre santuarios. La ley estatal, conocida como SB 54 o Ley de Valores de California, se promulgó finalmente ese año y entró en vigor en 2018.
El futuro de la asistencia legal
Independientemente de las barreras entre el condado y el gobierno federal en materia de inmigración, los defensores de los inmigrantes consideran el programa de asistencia legal del condado como un beneficio tangible que los supervisores pueden y deben ampliar.
De ser elegido, McCann no estaría solo en sus peticiones de recortar drásticamente el programa de 5 millones de dólares.
Los dos supervisores republicanos del condado, Joel Anderson y Jim Desmond, han propuesto su eliminación, citando un déficit presupuestario previsto de 138 millones de dólares y el hecho de que la inmigración es competencia federal.
El abogado de inmigración Andrew Nietor ha llevado unos 200 casos a través del programa, principalmente inmigrantes detenidos por antecedentes penales que pueden optar a la libertad bajo fianza y personas de países devastados por la guerra que normalmente podrían solicitar asilo.
“Por sí solos, les habría costado mucho entender cómo llenar formularios, obtener solicitudes y cosas así”, dijo Nietor. “Siempre tienen muchas más probabilidades de salir bajo fianza si tienen un abogado y de obtener ayuda”.
A principios de este año, la junta consideró una medida respaldada por la supervisora Terra Lawson-Remer, destinada a ampliar el programa a personas que no estaban bajo custodia, pero que enfrentaban la deportación. La iniciativa fracasó con solo dos votos a favor.
Nietor considera que los niños no acompañados son el grupo de inmigrantes que más necesitan ayuda legal. La istración Trump ha cancelado los fondos para su representación legal y ha desafiado las órdenes de un juez de restablecerlos mientras se apela el fallo.
En San Diego, muchos abogados siguen representando a niños sin cobrar, pero si eso no sucede, las familias que los patrocinan tienen que pagar a un abogado o esperar que una organización sin fines de lucro intervenga para ayudar, explicó María Chávez, abogada de inmigración que forma parte de la junta asesora del condado para el fondo de asistencia legal.
“Los niños son algunas de las personas más vulnerables”, afirmó Chávez. Ahora tenemos niños de 3 y 4 años que tienen que ir a los tribunales sin ninguna representación legal. Incluso si tienes 12, 13 o 14 años, no es como si pudieras defenderte adecuadamente.
Con las elecciones del 1 de julio a solo unas semanas de distancia, otros defensores locales de los inmigrantes se preocupan no solo por una junta controlada por los republicanos que podría abandonar el programa de asistencia legal y alinearse con Trump, sino también por una junta controlada por los demócratas que, según les preocupa, podría ser reacia a aumentar los recursos.
Ejemplos de esto se dieron en los últimos años, bajo la istración de Biden, cuando el condado de San Diego estaba liderado por demócratas, señaló Meghan Zavala, analista de políticas de Al Otro Lado, un grupo de defensa y asistencia legal para inmigrantes tanto en Estados Unidos como en México.
Cuando la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos liberó a miles de inmigrantes en las calles de San Diego el año pasado, el condado proporcionó recursos locales como alimentos y agua y destinó fondos a una organización sin fines de lucro.
Pero cuando la Patrulla Fronteriza acorraló a inmigrantes en centros de detención al aire libre en el desierto cerca de Jacumba Hot Springs, el condado se negó a ayudar a los grupos comunitarios a brindar ayuda similar porque lo consideraban un asunto federal, dijo Zavala.
“Hubo muchos daños evitables durante este tiempo, porque básicamente dependía de las organizaciones sin fines de lucro transportar la ayuda a estos centros todos los días”, dijo Zavala. “Esta colaboración que tuvimos con el condado fue útil, pero no fue perfecta”.
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